Las recientes acusaciones por presuntos abusos sexuales y reclutamiento forzado de niños y niñas han sacudido el escenario político colombiano, colocando en el centro del debate a la senadora Sandra Ramírez y otros exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas denuncias no solo reviven las heridas del conflicto armado nacional, sino que además ponen a prueba la capacidad del sistema judicial y político para enfrentar hechos reclamados por miles de víctimas y por la sociedad en general.
Sandra Ramírez, reconocida senadora del Partido Comunes y excombatiente de las FARC, ha sido una figura en la vida política en Colombia. Como una de las fundadoras de esta agrupación política surgida tras la desmovilización, su papel ha sido fundamental en la representación política de antiguos guerrilleros en el Congreso nacional, esta relevancia ha quedado manchada por acusaciones graves que involucran a la congresista en el presunto reclutamiento y abuso sexual de menores durante su etapa en la organización insurgente.
Los señalamientos comenzaron a surgir públicamente a finales de 2024, cuando Sara Morales, directora de la Corporación Rosa Blanca, una ONG dedicada a visibilizar y denunciar abusos sexuales cometidos contra menores en el marco del conflicto armado, denunció ante la Corte Suprema de Justicia una serie de supuestas amenazas de parte de Ramírez orientadas a impedir su labor, Morales es una voz clave en la defensa de víctimas niñas y niños, y su denuncia fue acompañada de testimonios que apuntan a la senadora como partícipe en hechos reprochables durante el conflicto.
Las denuncias y el testimonio clave
El quiebre en la percepción pública sobre estas acusaciones se produjo con el testimonio de una mujer identificada como “Deisy”, quien con valentía relató en medio de una entrevista radial su dura experiencia: fue reclutada a una edad temprana y víctima de abuso sexual dentro de la estructura guerrillera, Deisy aseguró que Sandra Ramírez habría tenido un papel en la selección de menores como víctimas de abuso por parte de comandantes de las FARC, y que la congresista incluso ordenaba “sancionarlos” cuando intentaban defenderse.
Estas declaraciones estremecieron a las organizaciones defensoras de víctimas del conflicto y generaron una onda expansiva en los medios y la opinión pública que solicitó justicia y se cuestionó el papel que desempeñan en la vida política quienes están siendo acusados de estos delitos. La denuncia traspasó el ámbito particular para convertirse en símbolo del debate nacional sobre la reparación, la verdad y la justicia para las víctimas de la guerra.
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Sandra Ramírez por las denuncias de amenazas contra Sara Morales y su presunta participación en el reclutamiento y abuso de menores, la Sala de Instrucción, bajo la dirección del magistrado Héctor Javier Alarcón, lleva a cabo la investigación que incluye la recopilación de evidencias y testimonios, y que podría derivar en una investigación formal si se hallan indicios suficientes.
Paralelamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia transicional creado para atender los crímenes del conflicto armado, imputó a seis exmiembros del Secretariado de las FARC señalándolos como máximos responsables de delitos de reclutamiento de menores y violencia sexual, estos crímenes incluyen torturas, esclavitud sexual y otras formas de violencia sistemática contra niños y niñas, muchas de ellas agravadas por condiciones de género y diversidad sexual.
Este proceso ha permitido visibilizar patrones de abuso, como el reclutamiento forzado de al menos 18.677 menores entre 1971 y 2016, la imposición de abortos, y la práctica sistemática de la violencia sexual bajo el mando y directa omisión de los altos mandos de la guerrilla. La naturaleza sistemática y la gravedad de los hechos han llevado a la JEP y la Corte a considerar que esta violencia fue parte de una política interna, lo que implica una responsabilidad estructural y de mando.
Repercusiones políticas y sociales
El escándalo derivado de estas acusaciones ha dividido opiniones en Colombia, por un lado sectores políticos y sociales han manifestado la necesidad imperiosa de que la justicia actúe con firmeza y garantice reparación a las víctimas, cuestionando el papel de aquellos que habiendo participado en crímenes atroces, ahora ocupan cargos públicos, Por otro lado, algunos defensores de la senadora y del proceso de paz advierten sobre la importancia de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Pero en torno a las denuncias y las victimas que señalan a la senadora y demás exmiembros de las farc, indican una realidad que por muchos años se viene haciendo estos señalamientos desde antes de la desmovilización de este grupo criminal.
Desde el Partido Comunes, Sandra Ramírez ha denunciado una campaña de estigmatización en su contra, afirmando que estas acusaciones forman parte de una estrategia para deslegitimar la participación política de excombatientes que han firmado el acuerdo de paz, esta narrativa ha encontrado resistencia en organizaciones de víctimas y activistas, quienes advierten que la defensa no debe obstaculizar la investigación imparcial ni el reconocimiento de los sufrimientos padecidos.
La presión pública y mediática ha sido intensa, lo cual refleja el interés nacional en que el caso avance y se esclarezca la verdad, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos de la infancia y la garantía de no repetición, la sociedad colombiana enfrenta un momento crucial para reconciliar el pasado con un futuro democrático basado en la justicia y el respeto a los derechos humanos.
La Corporación Rosa Blanca, liderada por Sara Morales, ha sido fundamental para traer a la luz estos casos y para acompañar a las víctimas en su lucha por la dignidad y la reparación, esta organización ha documentado múltiples testimonios de niñas, niños y adolescentes reclutados y sometidos a violencia sexual en medio del conflicto, trabajando para construir una memoria colectiva que visibilice las atrocidades y evite su repetición.
Organizaciones como la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol) han solicitado que la JEP investigue a la senadora y a otros exintegrantes de la guerrilla como responsables directos de violencia sexual contra menores, demandando justicia efectiva y medidas para proteger a las personas afectadas.
Todo esto vislumbra las practicas pedófilas dentro de los altos, medios y bajos mandos de las farc, mostrando una vez mas que estos grupos que enarbolan una bandera de justicia, protección e interés social, son solo una farsa donde prevalece la falta de principios, moral y humanidad.
Este protagonismo de la sociedad civil ha sido clave para mantener la atención sobre un tema que ha sido históricamente silenciado, marcando un precedente en la defensa de los derechos de la niñez y en la exigencia de responsabilidad política y penal para los involucrados en estos graves crímenes.
La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta un reto central en su mandato: cómo hacer justicia en casos donde los delitos afectan a víctimas tan vulnerables como los niños y niñas, y donde los responsables forman parte del entramado político actual. La imputación de exmiembros de alto rango de las FARC por estos delitos de guerra representa un paso adelante significativo, pero también genera debates sobre la suficiencia de las medidas judiciales y las posibles sanciones.
De por si la JEP no ha sido un organismo eficiente, y que ha dejado muchas dudas en su actuar, dejando a las victimas en muchas situaciones a un lado negándoles sus derechos.
Casos sonados como el de Cecilia López quien fue secuestrada y violada por miembros de las farc y también fue testigo de homicidios y abusos de niños que han marcado la historia de un país afectado profundamente por la violencia, muchas de estas víctimas esperan una justicia contundente y firme de las instituciones como la JEP.
Las víctimas demandan sanciones restaurativas que incluyan reconocimiento de verdad, reparación integral y garantías de no repetición, pero también exigen que no haya impunidad en hechos tan graves, por otra parte, algunos sectores advierten sobre riesgos de politización y la necesidad de garantizar procesos justos y equilibrados.
Este delicado equilibrio define el futuro de la justicia transicional en Colombia, un proceso vital para la estabilidad democrática y la consolidación de la paz tras décadas de violencia.
Testimonios que desnudan el horror vivido.
El relato de “Deisy” y miles de víctimas acreditadas reflejan la brutal realidad del reclutamiento forzado, el abuso sexual sistemático y las violencias basadas en género y diversidad sexual en las filas de las FARC, la evidencia recopilada muestra patrones de tortura, esclavitud sexual, amenazas y asesinatos dentro de un entorno de coacción y sometimiento.
Estos testimonios no solo aportan datos cruciales para los procesos judiciales, sino que humanizan y dan voz a quienes han sufrido durante años en silencio, mostrando la necesidad urgente de que la sociedad colombiana reconozca y sancione estas atrocidades como pasos esenciales para la justicia y la reconciliación.
Más allá de la dimensión legal, este caso enfrenta a Colombia con cuestiones profundas sobre la ética en la política y la responsabilidad social, la participación de personas acusadas o vinculadas a delitos tan graves en cargos públicos plantea desafíos sobre los mecanismos de control, la ética pública y la garantía de un ejercicio transparente y
Las polémicas acusaciones contra la senadora Sandra Ramírez y otros exmiembros de las FARC sobre abusos sexuales y reclutamiento forzado de niñas y niños constituyen un capítulo doloroso que obliga a Colombia a confrontar los horrores de su pasado reciente y a fortalecer sus sistemas de Justicia y democracia.
El proceso que se desarrolla en la Corte Suprema y la JEP será decisivo para el país, pues determinará no solo el destino legal de los acusados, sino también la credibilidad del sistema para hacer justicia a las víctimas y construir un futuro de paz con verdad.
Este escenario trágico exige un compromiso colectivo para garantizar que la memoria de las víctimas no sea olvidada, que la justicia se imparta sin distinciones, y que Colombia continúe avanzando en su indispensable camino hacia la reconciliación y la reparación.
