La actual guerra entre Israel y Hamás ha suscitado una intensa preocupación por las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo contra la población palestina a causa de acciones militares indiscriminadas. Desde el estallido de la violencia el 7 de octubre de 2023 por el terrible error de Hamas de atacar a Israel con la anuencia de Irán, se han documentado numerosas infracciones que han afectado desproporcionadamente a la población civil, incluyendo ataques a infraestructura básica, restricción de acceso a servicios esenciales y un alto número de víctimas civiles.
No hay una justificación para llevar a cabo acciones que han afectado la vida de miles de civiles inocentes, en medio de este conflicto de una u otra forma los palestinos se encuentran atrapados por las decisiones irresponsables de el grupo terrorista de Hamas, estos grupos finalmente están financiados por Irán que es el promotor de la violencia en Medio Oriente, y en gran parte responsable al financiar, entrenar y promover la creación de grupos terroristas.
El conflicto entre Israel y Hamás tiene raíces profundas que se remontan a la creación del Estado de Israel en 1948, lo que desató una serie de tensiones que han perdurado durante décadas. Desde entonces, diferentes episodios de violencia han marcado la relación entre ambas partes, el último estallido de hostilidades que comenzó en octubre de 2023, resulta ser una de las escaladas más violentas en la región, afectando a miles de civiles y aumentando las ya limitadas condiciones de vida en Gaza y la Ribera Occidental.
Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha señalado que tanto Israel como grupos armados palestinos, incluyendo al brazo armado de Hamás, han cometido violaciones del derecho internacional, las acusaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, bombardeos indiscriminados y la creación de un estado de impunidad que ha perpetuado el ciclo de violencia.
Violaciones Cometidas por Israel
Las fuerzas israelíes han sido acusadas de llevar a cabo ataques aéreos indiscriminados en áreas densamente pobladas de Gaza, según informes, los bombardeos han resultado en la muerte de más de 34,000 personas, un porcentaje significativo de ellas, mujeres y niños. Estos ataques han sido criticados no solo por su magnitud, sino también por su aparente falta de distinción entre objetivos militares y civiles, un principio fundamental del derecho internacional.
Además, se ha denunciado que Israel ha implementado un cerco total sobre Gaza, restringiendo el acceso a alimentos, medicinas y otros recursos esenciales, estas restricciones han llevado a la población a enfrentarse a condiciones de hambre extrema, con más de 1.9 millones de personas desplazadas, el uso del bloqueo como forma de castigo colectivo ha sido calificado como un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
Los informes también revelan que las fuerzas israelíes han atacado instalaciones de salud, que están protegidas por el DIH. El impacto de estos ataques se ha traducido en la destrucción de hospitales y clínicas, dificultando el acceso de los civiles a la atención médica que necesitan urgentemente, estas acciones violan el principio de proporcionalidad que trata de evitar una respuesta excesiva que afecte a la población civil.
La comunidad internacional ha expresado su creciente preocupación por las violaciones de derechos humanos en el conflicto, varios países de América Latina, entre ellos Bolivia, Colombia y Chile, han tomado medidas concretas para condenar las acciones de Israel, llegando incluso a romper relaciones diplomáticas o retirar a sus embajadores, las protestas ciudadanas en todo el mundo han crecido, exigiendo un alto al fuego y una pausa humanitaria.
Sin embargo, a nivel político el apoyo a Israel por parte de Estados Unidos sigue siendo fuerte, exacerbando la percepción de impunidad, el gobierno de Biden ha enfatizado su compromiso con la seguridad de Israel, mientras que los líderes europeos han realizado llamados más complejos, pidiendo a Israel que actúe conforme al derecho internacional, esta disparidad en las respuestas internacionales ha suscitado críticas sobre el doble rasero en la aplicación de normativas de derechos humanos.
Impacto en la Población Civil
La situación en Gaza, donde la infraestructura ha sido devastada, ilustra el impacto humanitario del conflicto, muchos civiles viven en condiciones de desesperación: la escasez de agua potable, el acceso limitado a alimentos y la interrupción de servicios de electricidad son algunas de las dificultades que enfrentan diariamente, la vida cotidiana en Gaza se ha vuelto insoportable, como lo describen los testimonios de quienes han sobrevivido a los ataques.
Los efectos psicológicos en la población, especialmente entre los niños son devastadores, los testimonios recogen cómo las familias viven constantemente aterrorizadas por el sonido de los bombardeos y las explosiones, creando un estado mental que propicia el trauma colectivo. La incertidumbre del futuro y el temor a no sobrevivir a la próxima incursión militar son realidades que afectan la salud mental y emocional de los habitantes de esta región.
Un estudio reciente reveló que los niños en Gaza sufren traumas severos debido a la violencia y la interrupción de su educación, las organizaciones humanitarias han subrayado la urgente necesidad de un alto al fuego para permitir la entrada de ayuda y la protección de los civiles atrapados en el fuego cruzado.
Respuesta de la Comunidad Internacional
Mientras continúan las violaciones, las respuestas de organismos internacionales se muestran insuficientes, a pesar de los informes sobre las atrocidades y el sufrimiento humano, la acción efectiva para asegurar el cumplimiento del derecho internacional sigue siendo limitada, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU están frecuentemente bloqueadas por el uso del veto, principalmente por parte de Estados Unidos, lo que dificulta la implementación de medidas efectivas para proteger a la población civil.
El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido contundente, a la luz de las acusaciones de crímenes de guerra la CPI ha emitido órdenes de arresto contra altos cargos israelíes y líderes de Hamás. Sin embargo, la efectividad de estas acciones todavía es incierta y depende de la voluntad política de los estados para cooperar.
Las continuas violaciones de derechos humanos y el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza plantan serias interrogantes sobre el futuro del conflicto, la falta de rendición de cuentas y de una respuesta internacional robusta ha dejado a muchos en la comunidad mundial cuestionando la efectividad de las normas de derechos humanos que se establecieron post-Segunda Guerra Mundial, necesitamos reconocer que un enfoque basado en la justicia y la rendición de cuentas es esencial para romper el ciclo de violencia entre israelíes y palestinos, la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional deben ser la prioridad de las acciones internacionales en este conflicto.
La situación en Gaza resalta cuestiones fundamentales sobre la aplicación del derecho internacional humanitario, la protección de los derechos humanos y la responsabilidad de la comunidad internacional. Si no se toman medidas decisivas para abordar estas violaciones y proteger a los civiles, el ciclo de violencia y sufrimiento sólo se verá perpetuado.
Es imperativo que todos los actores, tanto a nivel gubernamental como en la esfera civil, hagan un llamado a la paz y a la restauración de los derechos humanos. La voz de los ciudadanos, la presión diplomática y la acción, aunque simbólica, pueden contribuir a un cambio significativo y a la transformación de un futuro más pacífico para todos los pueblos que habitan esta región.
La historia de este conflicto no debe repetirse; cada violación documentada debe ser un paso hacia un futuro en el que la justicia y la dignidad humana prevalezcan, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar, y la población civil en ambos lados del conflicto merece vivir en paz.
