Ciudad de México, 7 de diciembre de 2025. El país cierra un año marcado por una violencia persistente que ha escalado a niveles alarmantes, con eventos que muchos expertos califican de actos terroristas, aunque el gobierno federal insiste en rechazar esa etiqueta. El incidente más reciente ocurrió el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, donde un coche bomba detonado frente a una comandancia policial dejó cinco muertos y doce heridos. Autoridades locales y analistas lo vinculan a disputas entre cárteles, pero la administración de Claudia Sheinbaum lo clasificó como delito común, evitando el término terrorismo para no abrir puertas a intervenciones externas ni dañar la imagen internacional del país.
Este atentado se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido México en 2025. Desde el asesinato público del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, hasta ataques armados en varios estados, la percepción de inseguridad ha crecido pese a las cifras oficiales que reportan una reducción en homicidios dolosos. La presidenta Sheinbaum ha destacado en repetidas ocasiones una baja del 25 al 32 por ciento en muertes violentas comparado con años anteriores, atribuyéndolo a su estrategia de atención a causas sociales y golpes focalizados al crimen organizado. Sin embargo, eventos como el coche bomba reavivan el debate sobre si el gobierno minimiza la gravedad al negar el componente terrorista.
El ataque en Coahuayana ocurrió en un contexto de tensión en Michoacán, estado azotado por rivalidades entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales. Testigos describen cómo una camioneta cargada con explosivos fue detonada a distancia, causando pánico entre residentes y fuerzas de seguridad. La Fiscalía General de la República investigó inicialmente bajo parámetros que coinciden con la definición legal de terrorismo del artículo 139 del Código Penal Federal: uso de explosivos para generar temor y presionar a autoridades. No obstante, fuentes oficiales reclasificaron el caso, argumentando que se trata de violencia entre grupos criminales sin motivación ideológica o política.
Expertos en seguridad coinciden en que esta negación responde a razones estratégicas. Admitir actos terroristas podría justificar la designación estadounidense de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, efectuada en febrero de 2025 por el gobierno de Donald Trump. Ello abriría la puerta a operaciones unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado tajantemente, recordando intervenciones históricas. Además, la etiqueta afectaría inversiones extranjeras y turismo, sectores clave para la economía.
El año ha estado plagado de incidentes similares. En mayo, el asesinato a balazos de dos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, en plena avenida principal, conmocionó al país y cuestionó la imagen de la capital como oasis de seguridad. Aunque la violencia política ha sido constante, con al menos siete alcaldes asesinados en 2025, el gobierno insiste en que son ajustes de cuentas criminales, no terrorismo. En Sinaloa, la guerra interna del cártel tras detenciones clave ha dejado cientos de muertos y desplazados, con bloqueos y enfrentamientos que paralizan regiones enteras.
La respuesta oficial ha sido desplegar operativos masivos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha liderado incautaciones récord de fentanilo y armas, así como detenciones de líderes criminales. El Plan Michoacán, lanzado tras el asesinato de Manzo, incluyó miles de elementos de la Guardia Nacional y inversiones en desarrollo social. Sheinbaum ha presumido extradiciones históricas a Estados Unidos y una cooperación bilateral fortalecida, sin ceder soberanía.
Sin embargo, la sociedad civil y opositores critican esta narrativa. Protestas masivas en noviembre, convocadas por grupos juveniles autodenominados Generación Z, reunieron decenas de miles en ciudades como México, Uruapan y Guadalajara, exigiendo justicia y fin a la impunidad. Los manifestantes denunciaron no solo la violencia, sino la supuesta indiferencia gubernamental. Enfrentamientos con policía dejaron heridos y detenidos, y el gobierno los atribuyó a infiltrados de la oposición conservadora.
Analistas independientes señalan contradicciones en las cifras. Aunque homicidios dolosos bajaron, extorsiones aumentaron 23 por ciento, desapariciones crecieron y eventos de alto impacto como coches bomba se multiplicaron. Organismos internacionales, como Human Rights Watch, han documentado abusos y control territorial de cárteles en amplias zonas. El Índice Global de Terrorismo 2025 coloca a México fuera de países libres de terrorismo, por su violencia ligada a narcotráfico.
Desde el extranjero, la prensa ha destacado la paradoja mexicana: un gobierno progresista que logra estabilidad macroeconómica y popularidad alta para Sheinbaum, pero lucha por contener una criminalidad sofisticada. Trump ha presionado con amenazas de aranceles y designaciones terroristas, mientras Europa y ONU urgen mayor acción en derechos humanos.
Para muchos mexicanos, como familias en Michoacán que viven bajo toque de queda informal o comerciantes extorsionados, la distinción semántica entre crimen organizado y terrorismo poco importa. El temor es real, y la violencia afecta diariamente la vida cotidiana. Comunidades han formado autodefensas, mientras colectivos de búsqueda de desaparecidos encuentran fosas clandestinas con frecuencia alarmante.
El gobierno defiende su enfoque: no confrontación directa que genere más violencia, sino inteligencia y causas sociales. Harfuch ha enfatizado coordinación con estados y decomisos que debilitan logística criminal. Sheinbaum cierra el año con aprobación alta, pero advierte que la pacificación es proceso largo.
En regiones calientes, residentes dudan. El coche bomba de diciembre simboliza una escalada que trasciende disputas por drogas: es intimidación masiva para controlar territorios y autoridades. Si 2025 enseñó algo, es que la violencia evoluciona más rápido que las estrategias oficiales.
Mientras México entra en 2026, el desafío persiste: equilibrar soberanía, cooperación internacional y respuesta efectiva sin etiquetas que compliquen más el panorama. La población, agotada por décadas de inseguridad, espera resultados concretos más allá de discursos. El caos no cesa, y la negación oficial, aunque estratégica, no disipa el miedo que se vive en las calles.
