La ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa se enfrenta a una grave crisis de violencia desatada por la lucha interna entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, en julio de este año. Esta situación ha llevado a la muerte de decenas de personas, incluyendo tanto civiles como militares, y ha sumido a la población en un clima de miedo y zozobra. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué tan responsable es el gobierno de México en la actual crisis en Culiacán?
La tarea del gobierno en situaciones de crisis es salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, múltiples informes han señalado una falta de acción efectiva y coordinada por parte de las autoridades, a partir de la detención de Zambada se han registrado choques armados entre dos facciones rivales: los «Chapitos», hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y los «Mayos», seguidores de Zambada, esta lucha ha resultado en un aumento alarmante de crímenes, incluyendo secuestros y homicidios que han llevado a la población a autoimponerse un toque de queda casi involuntario.
La ocasión más reciente de violencia se ha registrado desde el nueve de septiembre, cuando se intensificaron los enfrentamientos armados en la región, más de 50 personas han sido reportadas como secuestradas y la ola de violencia ha dejado al menos 40 fallecidos hasta la fecha. La respuesta del gobierno federal ha sido enviar más de 2,200 elementos de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional y el Ejército, pero muchos ciudadanos perciben esta acción como insuficiente, de hecho, la población ha expresado su desconfianza hacia el gobierno, ya que los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han minimizado la situación, caracterizándola como «fenómenos aislados».
El presidente descarga responsabilidades de la violencia en Estados Unidos y se queja que México no fue informado del operativo que termino con la captura del Mayo Zambada, la realidad es que las autoridades norteamericanas no confían del gobierno de México a causa de la protección que muchos narcotraficantes reciben de algunas autoridades mexicanas.
Las luchas de poder en el cártel, en ocasiones violentas, han existido durante años, pero esta crisis específica ha resurgido sobre la base de la detención de Zambada, a pesar de la inestabilidad en la región el gobierno no ha logrado implementar estrategias efectivas para controlar y desarticular las facciones del cártel, expertos en seguridad han calificado la situación descontrolada e inestable que se vive no solo en Sinaloa, si no en varios estados, lo que hace aún más apremiante la necesidad de una respuesta gubernamental decisiva.
Las críticas no se limitan solo a la falta de acción; también se extienden a las decisiones tomadas bajo la administración de López Obrador, donde se ha cuestionado la capacidad del gobierno para confrontar a los carteles de la droga, el gobierno parece no tener una visión clara de cómo enfrentar el problema.
La crisis de Culiacán no solo está afectando la seguridad de los ciudadanos, sino que también tiene intensas repercusiones económicas, la Unión de Comerciantes de Culiacán estima que la violencia ha causado pérdidas económicas que superan los 800 millones de pesos, negocios en la región han cerrado temporalmente debido a la falta de seguridad, generando incertidumbre laboral y afectando a innumerables familias. Desde la violencia reciente, las ventas comerciales han disminuido hasta en un 50% en algunos casos, llevando a muchos comerciantes a la quiebra.
Las calles de Culiacán, antes concurridas, ahora lucen desoladas, las escuelas han permanecido cerradas durante semanas, y aquellas que han reabierto han enfrentado un ausentismo significativo, ya que muchos padres temen enviar a sus hijos. Esta situación no solo afecta la educación de los niños, sino que fomenta una creciente psicosis social en la ciudad.
Reacción de la sociedad civil
Ante la crisis, la sociedad civil ha comenzado a tomar iniciativas. En un contexto de desesperanza, los ciudadanos han llamado a la unión entre la población y el gobierno para restablecer la paz en Culiacán20. La Cámara de Comercio local ha instado a las autoridades a actuar con decisión y responder de manera efectiva a la creciente delincuencia. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad y la capacidad del gobierno para mantener la paz en el estado.
A nivel nacional, la percepción sobre la situación en Culiacán ha suscitado controversias. Los líderes políticos y miembros de la oposición han criticado la falta de atención y acción hacia la crisis de Culiacán. El gobierno, enfrentando la presión de la opinión pública, se ha visto obligado a tomar medidas, pero todavía están por verse resultados tangibles.
La responsabilidad política
A medida que la crisis se intensifica, la responsabilidad del gobierno de México se ha vuelto un punto focal de debate. A pesar de la reciente afluencia de recursos y el incremento en la presencia militar, muchos se preguntan si el enfoque del gobierno está realmente alineado con las necesidades de la población. Las decisiones deben ir acompañadas de una estrategia integral que contemple el fortalecimiento de la comunidad, la participación ciudadana y la promoción de iniciativas económicas locales para mitigar las causas subyacentes de la violencia.
En este sentido, el gobierno de México debe reconsiderar su enfoque hacia el narcotráfico, orientando sus esfuerzos no solo en aumentar la seguridad militar, sino también en buscar soluciones que promuevan el desarrollo social y económico. La construcción de una confianza entre el gobierno y la ciudadanía debería ser prioridad en este momento crítico, y es crucial que el gobierno establezca canales de comunicación más efectivos que permitan a la comunidad expresar sus inquietudes y necesidades.
Conclusiones
La actual crisis en Culiacán es un reflejo complejo de problemas profundamente arraigados en la sociedad y la política mexicana. La responsabilidad del gobierno de México no puede ser ignorada; las decisiones tomadas durante los últimos meses han conducido a una escalada de violencia que afecta la vida de miles de ciudadanos.
Es imperativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración reconozcan la gravedad de la situación y actúen con urgencia. Para lograrlo, deben establecer una estrategia integral que no solo aborde la violencia, sino que también trabaje para restaurar la confianza, la seguridad y el desarrollo en Culiacán. Solo así podrá el gobierno cumplir con su compromiso fundamental: proteger a sus ciudadanos y garantizar su bienestar en medio de uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país.
La situación en Culiacán debe ser un llamado a la acción para todos los niveles del gobierno. A medida que la crisis continúa, es un momento de responsabilidad y cambio en el enfoque hacia la problemática del narcotráfico en México. La espera y la inacción solo serán un caldo de cultivo para que la violencia siga avanzando y afectando a más vidas en Sinaloa.