México enfrenta una crisis profunda que desafía la estabilidad misma de su sistema político y social, al punto que se debate si ya es un Estado fallido bajo la creciente influencia del narcotráfico. La combinación de violencia desbordada, corrupción institucional, impunidad generalizada y deterioro de la capacidad gubernamental para garantizar la seguridad ha generado un escenario en que las fronteras entre el Estado y el crimen organizado se vuelven difusas, poniendo en riesgo la gobernabilidad y el bienestar social.
¿Qué es un Estado fallido y cómo se relaciona con el narcotráfico en México?
Un Estado fallido se caracteriza por la incapacidad del gobierno para ejercer el control efectivo sobre su territorio, proveer servicios básicos a sus ciudadanos y garantizar la seguridad y convivencia pacífica de sus ciudadanos, en este escenario las instituciones gubernamentales se vuelven disfuncionales o inexistentes, mientras que la violencia, el crimen organizado y la corrupción se vuelven endémicos, en un Estado así la complicidad con organizaciones criminales se convierten en un patrón, debilitando aún más la estructura estatal.
El narcotráfico, por su parte, es una actividad ilícita que no solo abarca la producción y distribución de drogas, sino que también involucra corrupción masiva, extorsión, secuestros y control territorial mediante la violencia. En México, el narcotráfico ha penetrado profundamente en las estructuras políticas, económicas y sociales, generando lo que se ha denominado un «narcoestado» donde los cárteles ejercen influencia directa sobre la política y buena parte de las instituciones.
En el contexto mexicano el narcotráfico y el estado coexisten y se retroalimentan, en muchas regiones los actores estatales y los grupos del narcotráfico operan de manera indistinta, con políticos, policías y funcionarios corruptos protegiendo y facilitando las operaciones criminales en zonas que el gobierno no logra controlar plenamente.
La presencia de numerosos cárteles activos en todo el país —como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Zetas, Golfo, entre otros— refleja una fragmentación territorial y un debilitamiento institucional que permite el crecimiento de estos grupos, esto se traduce en violencia constante, masacres, desplazamientos forzados y un clima generalizado de inseguridad para la población civil.
La visión desde datos y análisis internacionales
Diversos estudios internacionales que evalúan la fortaleza institucional y la criminalidad colocan a México en una posición crítica, análisis basados en índices como el Rule of Law Index , Global Organized Crime Index y la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes muestran que México combina una elevada criminalidad con una fragilidad institucional alarmante, características que se asocian frecuentemente con Estados fallidos o en proceso de deterioro grave.
Estas tendencias no son recientes, sino que se han agravado en la última década evidenciando una disminución en la capacidad estatal para combatir la delincuencia y una mayor influencia del crimen organizado dentro de estructuras políticas y de seguridad.
Estrategias de seguridad y su falencia: la sombra de «abrazos, no balazos»
Desde 2018, el gobierno mexicano ha promovido una estrategia conocida como «abrazos, no balazos» que prioriza la no confrontación violenta, sin embargo, esta política no ha logrado reducir significativamente la violencia ni fortalecer el Estado de derecho, por el contrario, fue un medio que ha fortalecido las actividades delictivas de los carteles y ampliado sus capacidades por la inacción del gobierno de México.
De por si ya México viene en un proceso que ha deteriorado de las instituciones por la corrupción sistemática y la impunidad en las fuerzas del orden, el aparato judicial y los órganos de gobierno, aplicar una política más cercana a la impunidad que brindar el deber constitucional de protección a la integridad de la ciudadanía que se ha visto sometida a secuestros, homicidios, desaparición forzada y reclutamiento forzado de grupos criminales, ha sido un grave error que demuestra el temor de los actores políticos en México hacia los grupos criminales, casos emblemáticos como el juicio y condena del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Estados Unidos demuestran que tan infiltradas están las altas esferas de los sectores políticos del país.
Estas prácticas o políticas restan legitimidad del Estado y socavan la confianza ciudadana, debilitando la gobernabilidad. La impunidad favorece la reproducción de cárteles criminales que operan con total libertad en muchas regiones, incluso utilizando la violencia para influir en procesos electorales y controlar territorios.
El impacto social y humanitario de la violencia narcocriminal.
La influencia del narcotráfico y la descomposición del Estado han generado graves consecuencias en la vida cotidiana de millones de mexicanos, la violencia extrema ha producido clima de terror que afecta especialmente a comunidades vulnerables, el reciente caso del Rancho Izaguirre en el estado de Jalisco demuestra en especial la violencia inhumana hacia inocentes que llegaron engañados por ofertas falsas de empleo, a las autoridades locales coludidas y la falta de responsabilidad del estado mexicano que de una u otra forma es responsable por la falta de una política férrea hacia los grupos criminales y ahora terroristas por la designación del Gobierno de los Estados Unidos, que en la realidad y practica estos grupos han sembrado el terror en la población y llevado a cabo actos terroristas con mucha antelación por lo cual el Gobierno de México debía ser quien así los designara y no un gobierno extranjero, como fue evitado por el mismo presidente anterior Manuel Andrés López Obrador, dejando en claro una posición dudosa y su incapacidad para combatir al crimen organizado al igual que los anteriores gobiernos que fueron los causantes gracias a la corrupción de la situación actual del país.
El fenómeno ha incidido en migraciones hacia otros países, particularmente hacia Guatemala y Estados Unidos en búsqueda de seguridad y protección, convirtiendo la inseguridad en una crisis humanitaria regional.
La situación en México no solo es un problema interno, sino que ha captado la atención internacional, la entrega de criminales al sistema de justicia de Estados Unidos ha generado controversia, al tiempo que ha proyectado una imagen de México como un Estado incapaz de hacer justicia por sí mismo, justo bajo la sombra de un narcoestado.
Sectores políticos extranjeros observan con preocupación la alta criminalidad y la infiltración del crimen en las instituciones mexicanas, al punto que algunos han insinuado la posibilidad de intervenciones externas bajo la justificación de salvaguardar intereses económicos y geopolíticos.
Expertos concuerdan en que México debe implementar una serie de reformas y políticas encaminadas a fortalecer las instituciones estatales y reducir la rentabilidad del crimen organizado, entre estas medidas destacan:
- Mejorar la efectividad policial y judicial para aumentar la probabilidad de captura y castigo efectivo de criminales, reduciendo la impunidad.
- Combatir la corrupción en todos los niveles gubernamentales y en las fuerzas de seguridad.
- Evaluar la despenalización o legalización de ciertas actividades vinculadas a mercados ilícitos, como las drogas, para debilitar la economía de los cárteles, situación que considero no viable.
- Implementar controles financieros estrictos para dificultar el lavado de dinero y ocultamiento de ganancias ilícitas.
- Reducir el tráfico ilegal de armas, especialmente de origen estadounidense, para limitar la capacidad bélica de las organizaciones criminales.
- Fomentar programas socioeconómicos que contribuyan a un mejor acceso a medios de trabajo con mejores pagos que beneficie a la población mas vulnerable.
Estas acciones requieren voluntad política y apoyo social profundos, además de cooperación internacional para enfrentar retos transnacionales.
Aunque México enfrenta indicadores preocupantes y una realidad cada vez más compleja que lo encierra dentro de la denominación de un Estado Fallido, no todo está perdido, aún no se ha cruzado completamente el umbral hacia un Estado fallido o un narcoestado consolidado, pero el riesgo es alto y las tendencias apuntan hacia un deterioro creciente a menos que se tomen medidas urgentes y efectivas, un caso de éxito que actualmente conocemos es El Salvador, después de haber estado en una gran crisis de seguridad, impunidad y corrupción, hoy en día se ha recuperado bajo el gobierno de Bukele, quien implemento un gobierno ferreo y decidido a terminar la plaga del crimen organizado representado en las bandas criminales ya conocidas.
La participación de la sociedad civil, la presión internacional constructiva y la fortaleza democrática pueden ser factores decisivos para revertir el rumbo y evitar el colapso institucional total, es imprescindible que México reconozca la gravedad del problema sin caer en la desesperanza, y que impulse reformas integrales para recuperar la soberanía, la justicia y la seguridad en favor de sus ciudadanos, ello requiere un gobierno fuerte y decidido a utilizar la fuerza necesaria para retomar el orden y el control de la legitimidad de las áreas más afectadas.
La inacción a llevado a que incluso los carteles actualmente han tomado una posición de internacionalización de sus actividades ilícitas, esto no hubiese sido posible sin la posición pasiva y colaborativa del estado.
Reconocer la complejidad de esta crisis y actuar con decisión será la tarea fundamental para evitar que México se convierta en un Estado fallido irreparable bajo la sombra del narcotráfico.
