En los últimos años, El Salvador ha sido testigo de cambios radicales en su panorama de seguridad, la tasa de homicidios que alguna vez alcanzó niveles alarmantes, ha disminuido drásticamente, aunque este progreso ha venido acompañado de controversias y acusaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos.
La Tasa de Homicidios: Un Descenso Notable
Durante la última década El Salvador ha lidiado con tasas de homicidio que lo posicionaron entre los países más peligrosos del mundo. En 2015, la tasa de homicidios ascendió a 106,3 por cada 100,000 habitantes, una cifra que sembró el miedo en la población y la llevó a exigir medidas más efectivas por parte del gobierno, la nueva administración bajo el mando del presidente Nayib Bukele ha reportado una caída notable en esta cifra, logrando reducirla a 2,4 en 2022, un descenso que algunos han calificado de «histórico».
Este descenso drástico en la violencia ha llevado a una percepción general de mayor seguridad en las calles de El Salvador, muchos ciudadanos antes aterrorizados por el crimen organizado y las pandillas ahora presentan una imagen optimista sobre su seguridad diaria, este cambio ha servido como telón de fondo para prácticas de seguridad que han sido cuestionadas, pero a la vez necesarias para poder cumplir el propósito de colocar al país en un nivel de seguridad sin precedentes.
La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Bukele, conocida como el «Plan de Control Territorial», ha sido fundamental en el cambio que ha experimentado El Salvador en cuanto a las tasas de criminalidad, aunque algunos líderes políticos han elogiado las medidas que incluyen la militarización de la seguridad y la implementación de un régimen de excepción, otros critican que estas representan una respuesta punitiva más que un enfoque integral para combatir la delincuencia. Aunque Bukele ha sido cuestionado, goza con la aprobación de la población.
Aunque se han implementado medidas punitivas, el aspecto de la prevención no ha sido completamente ignorado, existen programas destinados a ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo, intentando alejarlos de las pandillas. Sin embargo, los desafíos son muchos y la falta de recursos limita la efectividad de estas iniciativas.
El régimen de excepción, que se introdujo en marzo de 2022 y ha sido prorrogado múltiples veces, ha permitido al gobierno suspender ciertas garantías constitucionales, esto ha resultado en miles de detenciones, según cifras oficiales, más de 73,000 personas han sido detenidas.
Mientras que las cifras de homicidio han disminuido, organizaciones de derechos humanos han mencionado que estas medidas han estado acompañadas de violaciones sistemáticas de derechos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas en las cárceles.
El impacto de la política de seguridad no ha sido perfecto, el estado no puede estar presente en todos los escenarios y velar porque se cumpla correctamente los procesos de detenciones.
La Percepción Ciudadana
Muchos ciudadanos han expresado su apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno, citando la disminución de la violencia como indicativo de que se están logrando resultados, historias de transformación personal y testimonios de ciudadanos que han recuperado la tranquilidad en sus comunidades son comunes. La percepción de seguridad ha evolucionado, y algunos salvadoreños están dispuestos a compartir sus historias de cambio.
Otro aspecto favorable de los cambios en seguridad es la cooperación internacional que ha buscado el gobierno salvadoreño, se han firmado acuerdos con países como Argentina para mejorar la seguridad y combatir el crimen organizado, lo que puede proporcionar recursos y conocimientos necesarios. Este enfoque colaborativo puede enfrentar la delincuencia de manera más integral y asegurar un futuro más seguro para El Salvador y los países participantes.
El éxito de las políticas de seguridad también ha impulsado una llamada a fortalecer las instituciones encargadas de mantener el orden y la justicia, la inversión en capacitación y recursos para las fuerzas policiales y el sistema judicial puede ayudar a consolidar los logros alcanzados y permitir un manejo sostenible de la criminalidad, estas acciones pueden contribuir a crear un entorno en el cual la ciudadanía confíe en sus instituciones.
La reducción de la violencia no solo impacta la seguridad, sino que también tiene repercusiones económicas, empresas locales y extranjeras pueden sentirse más seguras invirtiendo en un país donde la criminalidad ha bajado significativamente, esto puede resultar en la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía salvadoreña, contribuyendo a un ciclo de crecimiento positivo.
Mirando hacia el futuro, El Salvador se enfrenta al desafío de mantener los logros de seguridad en medio de un contexto económico complejo, si bien los avances son significativos, será crucial que el gobierno no solo se enfoque en medidas represivas, sino que también desarrolle políticas sociales que aborden las raíces de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, solucionar estos problemas estructurales puede ser clave para asegurar que las tasas de homicidio continúen descendiendo y que el país avance hacia una sociedad más cohesiva.
