En Estados Unidos, el acceso a la atención médica se ha convertido en un laberinto de costos inflados, prácticas opacas y decisiones que, lejos de beneficiar al paciente, parecen diseñadas para maximizar ganancias. En el centro de esta crisis se encuentra una relación cada vez más tensa entre hospitales, médicos y aseguradoras, donde el abuso de procedimientos, facturación excesiva y falta de regulación efectiva han provocado un aumento sostenido en el precio de los seguros médicos.
La situación no es nueva, pero ha alcanzado niveles alarmantes. Millones de estadounidenses enfrentan primas mensuales que superan los mil dólares y deducibles que rozan los diez mil. Mientras tanto, los centros médicos continúan facturando cifras astronómicas por servicios que en otros países cuestan una fracción.
Facturación inflada: el corazón del problema
Uno de los mecanismos más comunes de abuso es la facturación inflada, un análisis reciente de la organización sin fines de lucro Health Care Cost Institute reveló que muchos hospitales cobran hasta diez veces el valor real de un procedimiento, por ejemplo, una resonancia magnética que cuesta 300 dólares en efectivo puede ser facturada a la aseguradora por más de 3,000.
Este fenómeno no se limita a procedimientos complejos, en algunos casos una simple revisión médica puede generar cargos por “evaluación especializada”, “uso de instalaciones” y “materiales médicos”, elevando el costo total a cientos de dólares. Los médicos, presionados por sistemas de productividad y bonificaciones, también participan en esta dinámica, ordenando pruebas innecesarias o derivando a especialistas sin justificación clínica.
Ante este escenario, las aseguradoras han respondido con aumentos agresivos en sus tarifas, alegan que los costos hospitalarios y la frecuencia de reclamaciones justifican las primas elevadas. Críticos del sector señalan que muchas compañías han aprovechado la opacidad del sistema para limitandar coberturas, excluyendo tratamientos y reduciendo el acceso a medicamentos.
En estados como Texas, donde la competencia entre aseguradoras es limitada, los consumidores tienen pocas opciones. “Cada año me suben la prima, me bajan la cobertura y me aumentan el deducible”, comenta Laura Martínez, residente de Midland. “Y cuando por fin necesito usar el seguro, me dicen que no cubre ese hospital o que el médico está fuera de la red”.
Otro problema creciente es la fragmentación de las redes médicas. Muchos pacientes acuden a hospitales que, aunque parecen estar cubiertos por su seguro, incluyen médicos o servicios que no lo están, esto genera facturas inesperadas de miles de dólares, conocidas como “balance billing”.
En 2022, el Congreso aprobó la Ley No Surprises Act para limitar estas prácticas, pero su implementación ha sido desigual, algunos hospitales han encontrado formas de eludir la norma, mientras que otros simplemente no informan adecuadamente al paciente sobre los costos involucrados.
“Me operaron de emergencia y luego me llegó una factura de 12,000 dólares por el anestesiólogo, que no estaba en mi red”, relata James Holloway, veterano de guerra en El Paso, “nunca lo conocí, nunca firmé nada, pero ahora tengo una deuda que no puedo pagar”.
Incentivos perversos y falta de transparencia
La estructura de incentivos en el sistema médico estadounidense favorece la sobreutilización, los hospitales reciben más dinero por procedimientos que por prevención, y los médicos son recompensados por volumen, no por resultados, esto ha generado una cultura donde la eficiencia y el bienestar del paciente quedan en segundo plano.
Además, la falta de transparencia en los precios impide que los consumidores tomen decisiones informadas, a diferencia de otros sectores, en la medicina no existe una lista clara de precios, cada hospital negocia tarifas distintas con cada aseguradora, y los costos pueden variar drásticamente según el tipo de cobertura.
Es como entrar a un restaurante sin menú y que te cobren lo que quieran al final, explica la economista de salud Sarah Klein. “Y si no puedes pagar, te endeudas o te niegan el servicio”.
Impacto en la salud pública
El resultado de este sistema es una población cada vez más vulnerable, según datos del Census Bureau, más de 27 millones de estadounidenses no tienen seguro médico, y otros tantos están subasegurados. Esto significa que, aunque tienen cobertura, no pueden costear los deducibles o los copagos necesarios para recibir atención.
La consecuencia directa es el retraso en diagnósticos, el abandono de tratamientos y el aumento de enfermedades crónicas, en comunidades rurales como las del oeste de Texas, donde los hospitales son escasos y los seguros limitados, el impacto es aún más grave.
Muchos pacientes llegan con enfermedades avanzadas porque no pudieron pagar una consulta a tiempo y cuando por fin pueden hacerlo, ya es demasiado tarde”.
¿Quién regula a quién?
La regulación del sistema de salud en Estados Unidos está fragmentada entre agencias estatales y federales, aunque existen normas para proteger al consumidor, la capacidad de fiscalización es limitada. Las aseguradoras operan con márgenes amplios de discrecionalidad, y los hospitales tienen autonomía para establecer sus tarifas.
En algunos estados, los comisionados de seguros han intentado frenar los aumentos, pero enfrentan presiones políticas y legales. Las grandes aseguradoras cuentan con equipos jurídicos poderosos y ejercen influencia sobre legisladores, lo que dificulta la implementación de reformas profundas.
Por otro lado, los hospitales argumentan que sus costos operativos han aumentado debido a la inflación, la escasez de personal y la carga de pacientes sin seguro. Sin embargo, estudios independientes muestran que muchos centros médicos destinan millones a publicidad, expansión inmobiliaria y salarios ejecutivos.
Ante este panorama, diversas organizaciones han propuesto soluciones, algunas abogan por un sistema de precios transparentes, donde cada hospital publique sus tarifas y permita comparaciones, otras impulsan modelos de atención basados en resultados, donde los médicos sean recompensados por mejorar la salud del paciente, no por la cantidad de procedimientos realizados.
También se discute la posibilidad de ampliar los seguros públicos, como Medicare y Medicaid, para incluir a más personas. En estados como California y Nueva York, se han explorado esquemas de cobertura universal, aunque enfrentan obstáculos financieros y políticos.
En el ámbito tecnológico, han surgido plataformas que permiten comparar precios, agendar citas y recibir atención virtual, sin embargo, su alcance aún es limitado, y muchos pacientes mayores o de bajos recursos no tienen acceso a estas herramientas.
El dilema ético
Más allá de las cifras, el debate sobre el sistema médico estadounidense plantea un dilema ético. ¿Debe la salud ser un negocio? ¿Es legítimo lucrar con el sufrimiento humano? ¿Dónde se traza la línea entre eficiencia económica y justicia social?
El sistema nos arrastra a una lógica donde el paciente es un número, y la compasión se convierte en una carga financiera, cuando en la realidad se creado un ambiente enfocado en el lucro de las entidades de salud y médicos inescrupulosos sin ética profesional.
Los pacientes, por su parte, claman por dignidad. “No quiero caridad, quiero un seguro que funcione”, afirma Teresa Gómez, madre soltera en San Antonio, trabajo, pago impuestos, y aun así tengo que elegir entre pagar la renta o ir al médico.
El abuso del sistema médico en Estados Unidos no es solo un problema financiero, es una crisis de confianza, de valores y de prioridades. Mientras los hospitales y médicos continúen operando bajo incentivos perversos, y las aseguradoras mantengan políticas excluyentes, el acceso a la salud seguirá siendo un privilegio, no un derecho.
La solución requiere voluntad política, reformas estructurales y un cambio profundo en la cultura médica. Pero, sobre todo, exige escuchar a quienes más sufren: los pacientes. Porque en el fondo, la salud no debería ser una mercancía, sino un compromiso colectivo con la vida.
