Bogotá, Colombia – 20 de enero de 2026 – En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en América Latina, fuentes confidenciales cercanas al Departamento de Justicia de Estados Unidos han revelado que Colombia se ha convertido en uno de los objetivos principales de Washington en materia de corrupción política y narcotráfico. Según estas informaciones, que provienen de círculos diplomáticos y de inteligencia, se ha ordenado una investigación exhaustiva a través del FBI, la CIA y la DEA, enfocada en inversiones sospechosas en territorio estadounidense y en otros países, vinculadas a políticos corruptos, narcotraficantes y sus familiares. Esta operación podría culminar en extradiciones, enjuiciamientos en cortes norteamericanas, recuperación de activos y hasta acciones militares contra grupos criminales.
La noticia llega en un momento delicado para Colombia, un país que ha luchado durante décadas contra el flagelo del narcotráfico y la corrupción endémica. Históricamente, el vínculo entre el poder político y el crimen organizado ha sido un lastre para el desarrollo económico y social. Basta recordar escándalos como el del Proceso 8000 en los años 90, donde se revelaron nexos entre el cartel de Cali y la campaña presidencial de Ernesto Samper, o más recientemente, las ramificaciones de la Operación Lava Jato de Brasil, que salpicaron a figuras colombianas en casos de sobornos con empresas como Odebrecht. Estos episodios no solo han erosionado la confianza en las instituciones, sino que han costado miles de millones de dólares al erario, desviados hacia bolsillos privados o hacia el financiamiento de acciones ilegales.
Las fuentes, que pidieron anonimato, indican que la investigación se ampara en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa estadounidense promulgada en 1977 para combatir el soborno de funcionarios extranjeros por parte de empresas o individuos con nexos en EE.UU. La FCPA ha sido un instrumento clave en casos previos en la región, como el de Petrobras en Brasil o el de empresarios colombianos acusados de lavado de dinero en esquemas con Venezuela. En este caso, se apunta a rastrear flujos financieros que involucran propiedades en Miami, Nueva York y otras ciudades estadounidenses, así como en paraísos fiscales como Panamá o las Islas Vírgenes. «Se trata de inversiones disfrazadas como negocios legítimos, pero que en realidad provienen de coimas y del tráfico de drogas», explicó una de las fuentes.
El enfoque en Colombia no es casual. Según reportes del Departamento de Estado de EE.UU., el país andino produce más del 70% de la cocaína que ingresa al mercado norteamericano, alimentando una crisis de adicciones que ha costado vidas y recursos inmensos junto a la crisis del fentanilo. La administración actual en Washington ve en Colombia uno de sus principales objetivos para desarticular redes que combinan corrupción política con narcotráfico, un binomio que, según analistas, ha perpetuado la violencia en regiones como el Cauca, Nariño y el Catatumbo. La DEA, en particular, ha intensificado sus operaciones en el terreno.
Entre las acciones propuestas, las extradiciones destacan como una herramienta punitiva. Históricamente, Colombia ha extraditado a cientos de narcotraficantes a EE.UU., desde figuras como los hermanos Mejía hasta capos menores. Ahora, el espectro se amplía a políticos y sus allegados. «No solo se busca a los capos visibles, sino a los facilitadores en el Congreso, ministerios y gobiernos locales», señaló la fuente. Además, se planea la recuperación de activos, un mecanismo que ha permitido a EE.UU. incautar propiedades y fondos en casos pasados, como el de los bienes de Teodoro Nguema en Guinea Ecuatorial o los de funcionarios venezolanos. Esto podría significar pérdidas millonarias para familias implicadas, y un golpe a la economía informal que sostiene a muchos en Colombia.
Otro pilar es el fortalecimiento de políticas anticorrupción en países afectados. EE.UU. planteara asistencia técnica y financiera para reformar sistemas judiciales en Colombia y aliados regionales, similar al Plan Colombia de inicios del siglo XXI, que invirtió más de 10 mil millones de dólares en lucha antinarcóticos. Sin embargo, ese plan ha sido criticado por expertos colombianos como un fracaso parcial: redujo cultivos de coca en un momento, pero no erradicó el problema, y en cambio exacerbó la corrupción en el ejército y la policía. Un informe de Transparency International de 2020 destacaba cómo el crimen organizado infiltra instituciones, ofreciendo sobornos que superan salarios oficiales. «La guerra contra las drogas ha sido un círculo vicioso: más intervención extranjera genera más resistencia armada, y más corrupción para evadir controles», opina María López, analista política de la Universidad Nacional de Colombia.
Las acciones militares mencionadas por las fuentes generan mayor alarma. Aunque no se detallan, podrían incluir operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios y rutas de tráfico, o incluso intervenciones directas si se considera que el «objetivo número 1» amenaza la seguridad nacional de EE.UU. El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha criticado públicamente el intervencionismo estadounidense –recordando el golpe en Chile de 1973 o la guerra contra las drogas como un fracaso, y la reciente operación que termino con la captura del dictador Nicolas Maduro, podría ver esto como una afrenta a la soberanía. En un discurso reciente, Petro denunció que «la demanda en EE.UU. es el motor real del problema, no la oferta colombiana», y abogó por una despenalización regulada para romper el ciclo de violencia.
Esta investigación plantea dilemas profundos. Por un lado, podría depurar el sistema político, exponiendo figuras corruptas que han perpetuado la desigualdad. Colombia ocupa un lugar bajo en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International, con un puntaje de 39/100 en 2025, por debajo del promedio global. Escándalos como el de la Refinería de Cartagena o los falsos positivos en el ejército ilustran cómo la corrupción drena recursos destinados a educación y salud. «Si EE.UU. ayuda a recuperar activos, eso podría invertirse en programas sociales.
Historiadores como Luz Nagle, en su análisis del Plan Colombia, señalan que la asistencia estadounidense ha priorizado intereses geopolíticos sobre el desarrollo humano, exacerbando desplazamientos y violaciones a derechos humanos. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. en 2022 reconocía que el crimen transnacional, incluido el narcotráfico, agrava la corrupción, pero críticos como el Brookings Institution destacan el nexo entre drogas y corrupción como un problema bidireccional: la oferta colombiana alimenta la demanda, pero la corrupción en fronteras estadounidenses permite el ingreso.
Las implicaciones para las relaciones bilaterales son inciertas. Colombia y EE.UU. comparten un tratado de extradición desde 1979, pero tensiones recientes –como el desacuerdo sobre fumigaciones aéreas con glifosato– podrían escalar. Económicamente, una ofensiva contra inversiones corruptas afectaría sectores como el inmobiliario en Miami, donde propiedades de origen dudoso representan un mercado significativo. Para las familias implicadas, el impacto sería devastador: enjuiciamientos en EE.UU. implican penas severas, que podrían oscilar entre 25 a 35 años según anteriores procesos por casos similares.
En el panorama regional, esta movida ya está activa en México y Venezuela, donde carteles como el de Sinaloa o el Cartel de los Soles operan con impunidad. Sin embargo, el riesgo de una respuesta violenta de grupos criminales es real: en Colombia, grupos disidentes de las FARC y el ELN podrían intensificar ataques en respuesta a presiones externas, perpetuando un conflicto que ha desplazado a millones.
Al final, esta investigación subraya una verdad incómoda: la corrupción y el narcotráfico no son solo problemas locales, sino globales. Mientras EE.UU. busca «terminar» con el problema, Colombia debe confrontar sus debilidades internas. ¿Será esta la oportunidad para una reforma genuina, o solo otro capítulo en una saga de intervenciones fallidas? El tiempo, y las acciones concretas, lo dirán.
Este articulo se ha basado en información confidencial en proceso de comprobación de mas fuentes.
