En Colombia, la reciente polémica en torno al software de espionaje Pegasus ha encendido alarmas sobre la privacidad y los derechos humanos. Al investigar la adquisición y uso de este software, se ha destapado un escándalo sobre prácticas gubernamentales que podrían haber vulnerado derechos fundamentales.
Pegasus es un software desarrollado por NSO Group, una empresa tecnológica israelí. Originalmente, fue diseñado para ayudar a gobiernos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero la capacidad de Pegasus para interceptar comunicaciones telefónicas y acceder a datos sensibles ha suscitado preocupaciones sobre su uso en prácticas de vigilancia masiva que pueden amenazar la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos.
La empresa NSO Group ha declarado repetidamente que su tecnología está destinada a ser utilizada exclusivamente por agencias gubernamentales y que cumple con todas las leyes y regulaciones pertinentes.
La controversia comenzó a escalar cuando el presidente Gustavo Petro anunció que la fiscalía general de Colombia iniciaría una investigación sobre la compra del software por parte de la Policía Nacional. Según informes, la entidad habría pagado 11 millones de dólares en efectivo a una empresa israelí para obtener Pegasus, lo cual llamo la atención de los medios y de diversas organizaciones de derechos humanos.
Esta cantidad de 11 millones de dólares es cuestionable dependiendo la cantidad de personas que pudieron estar espiando, el costo de espiar a una cantidad de 100 personas podría costar USD $4,300.000 aproximadamente, le queda a la fiscalía investigar para no solo descubrir quienes fueron víctimas de su uso, si no también si hubo actos de corrupción en la operación de compra.
Las investigaciones han revelado que el software pudo haber sido utilizado no solo para combatir el crimen, sino también para espiar a políticos, activistas y periodistas, esta situación ha llevado a la ONU a pronunciarse, pidiendo una investigación sobre las posibles violaciones de derechos humanos que esto podría implicar.
El uso de Pegasus en Colombia plantea varias interrogantes sobre la legalidad de su adquisición y utilización, la Fiscalía ha iniciado actos investigativos con el objetivo de determinar la verdad sobre la obtención y el uso del software, lo que incluye a los responsables de tales decisiones, las investigaciones se centran en las acciones de seguimiento y espionaje que habrían afectado a altos funcionarios y figuras públicas.
Según informes, el uso de Pegasus como malware es considerado un ataque directo a la privacidad y a la libertad de expresión, derechos fundamentales garantizados por la Constitución colombiana y por convenios internacionales a los que el país está suscrito.
Las reacciones de la sociedad civil ante estas revelaciones han sido variadas, grupos de derechos humanos han condenado el uso de Pegasus, argumentando que su utilización en Colombia representa un grave riesgo para la democracia y la sociedad civil. La ONU ha solicitado a las autoridades que investiguen a fondo el uso de software de espionaje y se enfoquen especialmente en cómo se ha utilizado contra quienes ejercen sus derechos a la libre expresión y a la protesta.
Existe una creciente preocupación de que el uso del software para la vigilancia puede ser un intento de silenciar la disidencia política, especialmente en un país donde los conflictos sociales y políticos son palpables.
La controversia por Pegasus no se puede entender sin contextualizar el clima político en Colombia, desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el país ha experimentado un cambio significativo hacia una agenda progresista, lo que ha creado tensiones con sectores conservadores, la adquisición y uso del software de espionaje se ha interpretado como un intento por parte de las instituciones del Estado de controlar la disidencia y mantener el statu quo en un momento de cambio demandado por el pueblo colombiano.
El debate también ha vuelto a resurgir el tema de la confianza del ciudadano en las instituciones y cómo las acciones del gobierno pueden influir en la percepción pública, la historia reciente de Colombia está marcada por escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos, lo que genera desconfianza ante nuevos hechos que comprometen la integridad de los organismos del Estado.
Se cree que el uso de Pegasus podría haber formado parte de una estrategia coordinada del anterior gobierno para reprimir movimientos de protesta y opositores políticos, estas acusaciones subrayan la necesidad de transparencia y de un análisis crítico sobre cómo se estaban manejando las herramientas de vigilancia en el país.
La información sobre el uso del spyware ha reavivado el debate en torno a la ética de las tecnologías de vigilancia y la responsabilidad de las empresas que las producen. La presión sobre NSO Group ha aumentado, y distintos sectores han empezado a exigir una revisión exhaustiva de las prácticas empresariales relacionadas con la venta de tecnología que puede comprometer derechos humanos.
Las investigaciones en curso ofrecerán un panorama más claro sobre las acciones legales que podrían tomar las autoridades y qué consecuencias enfrentarán aquellos involucrados en la adquisición y uso del software espía.
Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía mantenga una vigilancia crítica sobre las prácticas del Estado y exija rendición de cuentas, el Gobierno debe actuar con transparencia en el manejo de la investigación y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el proceso. Sin duda, el caso de Pegasus será una prueba de fuego para la administración de Petro y su compromiso con la protección de los derechos humanos en Colombia.
La atención nacional e internacional se centrará en cómo este tema se desarrollará, y qué lecciones se podrán extraer tanto para la política interna de Colombia, o como una referencia a otras naciones sobre los riesgos y consecuencias al utilizar estas herramientas cuestionables.
