En un giro que expone las tensiones entre el combate al crimen organizado y el supuesto respeto al debido proceso, un grupo de abogados y familiares de delincuentes miembros de cárteles ha acusado al gobierno de México de violar las leyes al enviar a casi un centenar de delincuentes a Estados Unidos sin órdenes formales de extradición. Esta denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República de Mexico el 26 de enero de 2026, califica los traslados como un «destierro» inconstitucional que sacrifica garantías individuales en nombre de la seguridad nacional. Los demandantes argumentan que estos individuos, responsables de daños irreparables a la sociedad mexicana a través de violencia, tráfico de drogas y lavado de dinero, fueron entregados sin oportunidad de defenderse en tribunales locales.
Aunque no mencionan o evalúen el gran daño que estos individuos han causado a la sociedad mexicana, incluyendo los demandantes que podrían ser investigados por lavado de dinero y cómplices de actividades ilícitas.
El conflicto surgió tras la tercera entrega masiva de un grupo de criminales a Estados Unidos, ocurrida el 20 de enero de 2026, cuando 37 operadores de organizaciones delictivas fueron trasladados a ciudades como Washington, Houston y San Diego. Esta acción se suma a envíos previos: 29 en febrero de 2025 y 26 en agosto de ese mismo año, totalizando 92 personas vinculadas a cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entre los enviados se encuentran figuras como Juan Pedro Saldívar Farías, pareja de Vanesa Guzmán Sánchez, quien participó en una conferencia de prensa para denunciar que su compañero fue deportado sin proceso legal adecuado, enfrentando ahora cargos por tráfico de drogas y armas en territorio estadounidense.
Los abogados, como Yarey Sánchez Lagunas, quien representa a dos de los trasladados, insisten en que se negó el debido proceso al evitar el procedimiento de extradición, que implica revisiones judiciales, amparos y recursos legales en México. Según ellos, esta vía exprés deja a los detenidos sin herramientas para impugnar su envío una vez fuera del país, violando artículos constitucionales que prohíben el destierro y garantizan el derecho a un juicio justo.
En la denuncia penal contra el Consejo Nacional de Seguridad, integrado por la Presidencia, las secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina, así como la FGR, se acusa a estos organismos de «traición a la patria» y «coalición de servidores públicos», argumentando que priorizaron presiones internacionales sobre el marco legal nacional.
En todo caso estos criminales que han sido un problema pueden clasificarse como enemigos declarados del estado, de la sociedad y del orden constitucional. ¿Quién los quiere en Mexico?
Familiares como Guzmán Sánchez han expresado indignación, pero acaso no hay indignación y vergüenza por todas las víctimas. Muchos de estos delincuentes han causado daños irreparables como miles de muertes, extorsiones y desestabilización social.
Es un descaro pedir justicia, más aún que no han pagado por cada hecho y crimen cometido, algunos pueden ser catalogados de lesa humanidad. Esta postura resalta una paradoja: los mismos que defienden a criminales responsables de un daño profundo a México ahora invocan derechos humanos para criticar al Estado.
Desde el gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha defendido las acciones, explicando que estos capos mantenían operaciones criminales desde las cárceles mexicanas, utilizando las instalaciones como centros de mando para coordinar actividades ilícitas. García Harfuch argumenta que los traslados responden a acuerdos bilaterales con Estados Unidos para desmantelar redes transnacionales, especialmente ante amenazas de aranceles o intervenciones por parte de la administración estadounidense. El fiscal general Alejandro Gertz Manero ha criticado retrasos previos en extradiciones debido a complicidades judiciales, afirmando que procesos que deberían durar 45 días se extienden por años.
Este episodio no es aislado. En 2025, México extraditó a líderes como Néstor Isidro Pérez Salas, alias «El Nini», jefe de seguridad de los Chapitos, y otros operadores clave, en un esfuerzo por reducir la influencia del crimen organizado dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, los abogados sostienen que estas entregas masivas, sin extradición formal, equivalen a una deportación encubierta que vulnera pactos internacionales sobre derechos humanos.
Que podemos pensar en los abogados que se ocupan de la defensa de estos criminales, una gran falta de ética y moral podría ser parte de lo que hacen, venden principios y moral y su propia alma al diablo por lucrarse y llenarse los bolsillos con dinero ensangrentado.
El daño irreparable causado por estos delincuentes es innegable. Estos han generado olas de violencia que han costado miles de vidas, desplazado comunidades enteras y debilitado economías locales a través de extorsiones y control territorial en los estados donde operan. Sus operaciones han perpetuado ciclos de pobreza y miedo, con impactos en la salud pública por el tráfico de fentanilo que ha matado a cientos de miles en Norteamérica. Que familiares y abogados ahora acusen al gobierno por actuar contra ellos genera un debate sobre la hipocresía: ¿defienden derechos o buscan perpetuar impunidad?
Analistas políticos ven en esto una estrategia para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha realizado ajustes hacia una mayor cooperación con EE.UU. debido a las presiones e ineficacia de las actividades delictivas que han afectado por generaciones al país norte americano. Críticos como Carlos Ramírez argumentan que estas denuncias distraen de la raíz del problema: un sistema judicial permeable que permite a criminales operar desde la cárcel. Mientras tanto, en redes sociales.
La FGR ahora debe investigar la denuncia, un proceso que podría exponer tensiones internas en el gobierno. Si prospera, podría frenar futuras entregas, pero también arriesgaría relaciones con Washington, especialmente con amenazas de intervenciones unilaterales contra cárteles. Para México, este caso resalta el delicado equilibrio entre soberanía legal y la urgencia de combatir un cáncer social que ha causado daños irreparables.
En última instancia, el gran descaro parece ser donde criminales invocan leyes que ellos mismos han violado sistemáticamente. Mientras el debate continúa, miles de víctimas de la violencia del narcotrafico esperan justicia real, no solo procesal.
