Culiacán, Sinaloa – El estado de Sinaloa, ya marcado por una ola de violencia derivada de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, se estremece ante el hallazgo de los cuerpos de 10 mineros secuestrados y asesinados en un acto que autoridades federales describen como un error fatal entre grupos rivales, pero que expertos y familiares vinculan directamente a prácticas de extorsión y una impunidad rampante. El episodio, ocurrido en el municipio de Concordia, expone las vulnerabilidades de la industria minera en regiones controladas por el crimen organizado, donde empresas extranjeras operan bajo amenazas constantes. Además, en las fosas clandestinas donde se encontraron los cuerpos, se identificaron restos de dos ciudadanos estadounidenses, lo que ha elevado la preocupación internacional sobre la seguridad de extranjeros en México.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2026, cuando un comando armado perteneciente a la facción de los chapitos –hijos del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán– irrumpió en el sitio de explotación de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, ubicada en las montañas del sur de Sinaloa. Los asaltantes privaron de la libertad a 14 trabajadores, aunque cuatro lograron escapar. Los 10 restantes, en su mayoría ingenieros y operarios mexicanos originarios de estados como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, fueron llevados a un destino desconocido. Familiares denunciaron inmediatamente el secuestro, pero la respuesta inicial de las autoridades locales fue lenta, lo que alimentó acusaciones de colusión con los carteles.
Días después, un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional desplegó más de mil efectivos en la zona. El 6 de febrero, se localizaron dos fosas clandestinas en la localidad de El Verde, Concordia, de donde se exhumaron cuerpos en estado de descomposición. Inicialmente, se identificaron cinco cadáveres como pertenecientes a los mineros: José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández; José Antonio Jiménez; y Antonio de la O Valdez. Para el 9 de febrero, la FGR confirmó que los 5 cuerpos correspondían a los desaparecidos, cerrando una búsqueda angustiante para las familias.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en conferencia de prensa que los detenidos –cuatro miembros de Los Chapitos– declararon haber confundido a los mineros con integrantes de la facción rival la mayiza, liderada por Ismael Zambada. Lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico, dijo García Harfuch, enfatizando que no había denuncias previas de extorsión contra la empresa. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por expertos en seguridad y colectivos de búsqueda de desaparecidos. «Es inverosímil que un grupo como los chapitos actúe por error en una zona que controlan; esto huele a extorsión, afirmó el analista Ioan Grillo, quien cubre el narcotráfico en México. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la minera canadiense había recibido amenazas para pagar una cuota mayor a la que venían pagando, una forma común de extorsión en Sinaloa, donde los carteles exigen cuotas mensuales a empresas para «permitir» sus operaciones.
La impunidad en el caso es evidente: pese a la detención de los cuatro sospechosos, no se ha avanzado en procesar a líderes de alto nivel de Los Chapitos, y la zona sigue bajo su dominio efectivo. Sinaloa registra más de 7.000 desaparecidos y 1.680 homicidios en 2025, cifras que reflejan una «guerra civil» entre facciones del cártel tras la caída de sus cabecillas históricos. Colectivos como Sabuesos Guerreras y Madres Buscadoras de Sonora han criticado la falta de transparencia, exigiendo acceso a las fosas para buscar a otros desaparecidos. «El gobierno nos niega apoyo para excavar; hay cientos de fosas en Sinaloa que quedan impunes», denunció Reynalda Pulido, líder de uno de estos grupos.
Un giro alarmante en la investigación fue el descubrimiento de restos adicionales en las fosas, incluyendo los de dos ciudadanos estadounidenses. Según reportes preliminares de la FGR, los cuerpos corresponden a turistas desaparecidos en Mazatlán a inicios de febrero: Omar Alexis N. y Javier N., originarios de Texas, quienes viajaban por la costa pacífica. Sus identidades se confirmaron mediante pruebas de ADN enviadas a laboratorios en Estados Unidos. Este hallazgo ha intensificado las tensiones diplomáticas, con el Departamento de Estado de EE.UU. emitiendo alertas de viaje para Sinaloa y exigiendo mayor cooperación mexicana en la lucha contra los carteles. «La violencia no distingue nacionalidades; esto muestra cómo la impunidad afecta a todos», comentó un funcionario estadounidense anónimo.
La empresa Vizsla Silver Corp emitió un comunicado expresando su consternación: «Estamos consternados por la pérdida de nuestros colegas y enfocados en apoyar a las familias». Michael Konnert, CEO de la compañía, anunció una revisión de protocolos de seguridad, pero críticos señalan que las mineras extranjeras operan en zonas de riesgo sin medidas suficientes. En Concordia, ahora un pueblo fantasma, los residentes evitan hablar por miedo a represalias. «Salían camionetas con cuerpos descompuestos, un olor fuerte», relató Marisela Carrizales, miembro de un colectivo de búsqueda que se unió al operativo.
Este homicidio cobarde no es aislado. En los últimos meses, operativos en Sinaloa han localizado más fosas –hasta seis en Concordia, con 14 cuerpos exhumados–, revelando un patrón de exterminio por parte de los carteles. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió justicia, pero sus palabras chocan con la realidad: sin denuncias formales previas, el caso podría diluirse en la burocracia. Familiares como Jaime Castañeda, hermano de una víctima, exige acción: «Es doloroso; no hay justicia aquí».
Mientras Sinaloa se prepara para eventos como el carnaval de Mazatlán, la sombra de estas fosas comunes persiste, recordando que la extorsión y la impunidad permiten que el crimen organizado dicte el ritmo de la vida y la muerte. Expertos urgen reformas en la industria minera para proteger a trabajadores y frenar la infiltración criminal, pero sin voluntad política, casos como este seguirán multiplicándose en un estado donde la ley parece ceder ante los fusiles
