Escándalos de corrupción y narcotráfico dominan los titulares globales, con temas como el fentanilo y los carteles mexicanos en el centro de debates entre México y Estados Unidos, resulta sorprendente cómo un caso monumental ha caído en el olvido colectivo. Se trata del escándalo que involucra al expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y a su hermano Raúl, centrado en una fortuna de al menos 114 millones de dólares de origen inexplicable, se cree ligada a sobornos de narcotraficantes. Descubierto en la década de 1990, este episodio no solo expuso las entrañas de la corrupción en el gobierno mexicano, sino que también planteó preguntas sobre la complicidad internacional, incluyendo el rol de bancos estadounidenses. A más de tres décadas de distancia, en 2026, surge la interrogante: ¿debería el gobierno actual de Estados Unidos reabrir una investigación sobre este asunto? Explorar este caso no solo rescata una página oscura de la historia, sino que dejaría lecciones para el presente, donde la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío binacional.
El escándalo estalló en febrero de 1995, cuando Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor del entonces expresidente Carlos Salinas, fue arrestado en México por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, un alto funcionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excuñado de los Salinas. Ruiz Massieu había sido asesinado en septiembre de 1994, en un contexto de turbulencia política que incluía el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio meses antes. Pero el arresto de Raúl no se limitó al homicidio; pronto se revelaron cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y posibles vínculos con el narcotráfico. Como funcionario de medio nivel en el gobierno de su hermano, Raúl había acumulado una riqueza inexplicable: autoridades mexicanas y suizas descubrieron cuentas bancarias en Europa con depósitos que sumaban alrededor de 114 millones de dólares, una cifra que algunos informes elevan a más de 130 millones. Estos fondos, ocultos bajo nombres falsos y transferidos a través de complejas redes financieras, no podían justificarse con su salario oficial, que apenas llegaba a los 70 mil dólares anuales.
Las investigaciones revelaron un patrón de corrupción sistemática. Raúl Salinas, quien había ocupado puestos en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una agencia gubernamental de distribución de alimentos utilizó su posición para amasar propiedades: seis casas, 13 condominios y 20 parcelas de tierra en México, según auditores federales. Pero el núcleo del escándalo radicaba en el origen del dinero. Autoridades suizas, que congelaron las cuentas en 1995, concluyeron en 1998 que gran parte de la fortuna provenía de sobornos pagados por carteles de la droga mexicanos, a cambio de protección para sus envíos hacia Estados Unidos. Específicamente, se alegó que Raúl facilitaba el paso de cargamentos de cocaína a través de rutas controladas por el gobierno, involucrando a grupos como el Cártel del Golfo y posiblemente los Arellano Félix. En octubre de 1998, Suiza confiscó 90 millones de dólares y solicitó a Gran Bretaña que incautara otros 23.4 millones, argumentando que Raúl había recibido maletas llenas de efectivo de narcotraficantes.
El involucramiento de Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México de 1988 a 1994 y es recordado por reformas neoliberales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha sido más controvertido. Aunque nunca fue acusado formalmente de narcotráfico, su proximidad familiar y política con Raúl lo colocó en el centro de las sospechas. En el año 2000, una grabación telefónica, en una tensa conversación, Raúl arremetió contra Carlos —ex presidente de México— llamándolo “cobarde” y advirtiéndole que está dispuesto a revelar el origen del dinero que acumuló y que dio pie a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Carlos Salinas siempre argumentaba que no sabía nada de las actividades de su hermano y que las acusaciones eran una vendetta política del gobierno de Ernesto Zedillo, su sucesor. Sin embargo, testigos y documentos desclasificados sugieren vínculos sospechosos: durante su presidencia, México vio un auge en la corrupción, con alegaciones de que altos funcionarios, incluyendo familiares, recibían pagos de carteles. Además, la administración Salinas fue criticada por privatizaciones opacas, como la de Telmex, que beneficiaron a élites cercanas, alimentando especulaciones de enriquecimiento ilícito.
El rol de instituciones internacionales fue crucial, Citibank, el banco estadounidense, facilitó las transferencias de Raúl, moviendo decenas de millones de dólares de México a cuentas suizas, lo que levantó sospechas de violaciones a leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos, una investigación del gran jurado en Nueva York y Texas exploró estos lazos, con testigos protegidos afirmando que Raúl se reunía con narcotraficantes como Juan García Ábrego del Cártel del Golfo desde 1987. Sin embargo, no se emitieron indictments directos contra los Salinas, posiblemente por consideraciones diplomáticas durante la era del TLCAN. En México, Raúl fue condenado inicialmente a 50 años por el asesinato de Ruiz Massieu, pero siguientes apelaciones redujeron la sentencia a 27.5 años; fue liberado en 2005 tras cumplir 10 años, y en 2014 absuelto de cargos de enriquecimiento ilícito. Carlos, por su parte, vivió en exilio autoimpuesto en Irlanda y Cuba, regresando a México en 2000, donde ha mantenido un perfil bajo, aunque con apariciones ocasionales que reviven el debate sobre su legado.
¿Por qué este caso, uno de los más grandes de corrupción y narcotráfico en la historia de México, ha sido olvidado? Varias razones convergen. Primero, el paso del tiempo: ocurrido en los 90, ha sido eclipsado por escándalos más recientes, como el de Odebrecht o las acusaciones contra expresidentes como Enrique Peña Nieto por corrupción en Pemex. Segundo, la transición democrática en México en 2000, con la victoria de Vicente Fox, desvió la atención hacia reformas institucionales, aunque críticos argumentan que el PRI, partido de los Salinas, mantuvo influencia para enterrar investigaciones. Tercero, en el contexto global, el enfoque en el terrorismo post-9/11 y ahora en el fentanilo ha priorizado amenazas actuales sobre casos históricos. Sin embargo, el olvido es selectivo: en México, el nombre Salinas aún evoca sinónimo de corrupción, pero en Estados Unidos, donde el impacto del narcotráfico mexicano es directo, el caso podría servir como precedente.
Ahora, en 2026, con un gobierno estadounidense enfocado en combatir el flujo de fentanilo desde México, surge la pregunta: ¿debería Washington reabrir una investigación sobre los Salinas? Argumentos a favor son convincentes. Primero, justicia pendiente: aunque prescrito en México, en EE.UU. crímenes como lavado de dinero y conspiración con narcotraficantes no tienen estatuto de limitaciones si involucran daños continuos. El dinero de los Salinas, ligado a carteles que evolucionaron hacia los actuales, podría rastrearse para confiscaciones o reparaciones. Segundo, lecciones para el presente: reexaminar este caso expondría cómo la corrupción de élite en México ha alimentado el narco por décadas, fortaleciendo argumentos para presionar a México en reformas anticorrupción bajo acuerdos como el USMCA. Tercero, precedentes: EE.UU. ha perseguido casos históricos, como el de Manuel Noriega o más recientemente, extradiciones de exfuncionarios mexicanos por narcotráfico. Con testigos vivos y documentos desclasificados, una nueva pesquisa podría revelar redes persistentes.
En contra, hay obstáculos significativos, como el tiempo transcurrido: evidencias podrían haberse perdido, y testigos clave han fallecido, como Enrique Salinas, hermano menor asesinado en 2004 en circunstancias misteriosas. también las relaciones bilaterales: en un momento de tensión por migración y comercio, reabrir un caso de los 90 podría interpretarse como interferencia, dañando la colaboración en temas como el fentanilo. Por otro lado, Claudia Sheinbaum ha enfatizado la supuesta soberanía, que esta pérdida ante los grupos del narcotráfico, rechazando intervenciones externas. Además, Raúl fue absuelto en México, lo que complica una extradición.
A pesar de estos contras, una investigación podría ser simbólica y práctica. La corrupción transfronteriza alimenta crisis como la de opioides, revivir el caso Salinas recordaría que la impunidad de ayer nutre los carteles de hoy, organizaciones como Transparency International han llamado a acciones retroactivas en casos emblemáticos para disuadir la corrupción sistemática en países como México. Si EE.UU. opta por investigar, podría comenzar con el rol de Citibank, cuya complicidad nunca fue plenamente sancionada, estableciendo precedentes para bancos en lavado de narco-dinero.
El caso de los Salinas no es solo una reliquia histórica; es un espejo de cómo la corrupción en México ha evolucionado, desde sobornos en los 90 hasta las redes actuales de fentanilo. Nadie lo recuerda porque el tiempo y la saturación de noticias lo han sepultado, pero revivirlo podría fortalecer la lucha binacional contra el narcotráfico. El gobierno de EE.UU. debería considerar una investigación para sentar un precedente sobre la intolerancia a la impunidad. En un contexto de 2026, donde México y EE.UU. negocian nuevos acuerdos antinarcóticos, este caso olvidado podría ser la clave para romper ciclos de impunidad.
