Ciudad de México — La instalación de un grupo de amistad parlamentaria entre México y Nicaragua ha encendido una fuerte polémica en círculos políticos, diplomáticos y de derechos humanos. La iniciativa, promovida por ocho congresistas mexicanos de distintas fuerzas políticas, ha sido duramente criticada por exiliados nicaragüenses, activistas y organizaciones internacionales que consideran el gesto como una legitimación del régimen autoritario de Daniel Ortega.
La propuesta, impulsada por legisladores de Morena, PT, PAN y Movimiento Ciudadano, busca establecer vínculos institucionales con el gobierno de Managua. Sin embargo, el contexto en el que se presenta —con Nicaragua bajo sanciones internacionales y acusaciones de crímenes de lesa humanidad— ha generado una ola de rechazo que trasciende fronteras.
El grupo de amistad que desató la controversia
La Embajada de Nicaragua en México distribuyó una invitación oficial para participar en la instalación del grupo de amistad México-Nicaragua, programada para el 7 de octubre. Entre los promotores figuran los diputados Pedro Vázquez, Jesús García y Jesús Corral del Partido del Trabajo; César Verástegui del PAN; Juan Zavala de Movimiento Ciudadano; y Ariadna Barrera, María Rosales y María Silva de Morena.
La iniciativa, según sus impulsores, busca fortalecer los lazos bilaterales y promover el intercambio cultural y legislativo entre ambas naciones.
Más de 70 figuras del exilio nicaragüense, entre ellas intelectuales, exguerrilleros, periodistas y defensores de derechos humanos, firmaron una carta abierta dirigida al Congreso mexicano, en ella, expresan su profunda preocupación por lo que consideran un intento de “lavar la cara” a uno de los regímenes más represivos del continente.
Desde hace siete años en Nicaragua impera un Estado policial de facto que ha suprimido todas las garantías constitucionales, señala el documento, no hay libertad de expresión, de reunión ni de religión. Decenas de sacerdotes y pastores han sido expulsados, y hasta las procesiones religiosas están prohibidas.
Entre los firmantes destacan la escritora Gioconda Belli, las excomandantes sandinistas Dora María Téllez y Mónica Baltodano, el periodista Carlos Fernando Chamorro y las feministas Sofía Montenegro y Azahálea Solís. Todos han sido desterrados, desnacionalizados y despojados de sus bienes por el régimen de Ortega.
Crímenes documentados y represión sistemática
La Organización de las Naciones Unidas ha documentado múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que más de 360 personas han muerto desde el inicio de la crisis política en 2018.
Además, se reportan al menos 33 presos políticos desaparecidos, algunos desde hace más de dos años, otros han cumplido sus condenas sin ser liberados, mientras otros ciudadanos fueron despojados de su nacionalidad por decreto presidencial.
La carta enviada al Congreso mexicano subraya que “la creación de este grupo de amistad ofende al pueblo de Nicaragua y legitima una dictadura que ha destruido las instituciones democráticas, manipulado el sistema electoral y concentrado el poder en manos de Ortega y su esposa Rosario Murillo”.
Silencio oficial
El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura prudente frente a la crisis nicaragüense, a diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció asilo y nacionalidad a los nicaragüenses perseguidos, la actual administración ha optado por el silencio institucional.
Este contraste ha sido interpretado por algunos analistas como una estrategia para evitar confrontaciones diplomáticas, aunque también ha generado críticas por la falta de posicionamiento frente a violaciones graves de derechos humanos.
Posturas divididas en el Congreso
Dentro del Congreso mexicano, las reacciones han sido mixtas, algunos legisladores defienden la iniciativa como un acto de diplomacia parlamentaria, mientras otros cuestionan su pertinencia y advierten sobre el riesgo de enviar un mensaje equivocado a la comunidad internacional.
México siempre ha sido un país solidario con los pueblos que luchan por su libertad, no podemos normalizar relaciones con un régimen que encarcela opositores, censura a la prensa y persigue a líderes religiosos, declaró una diputada del PRD que pidió anonimato por temor a represalias internas.
Por su parte, los promotores del grupo de amistad han evitado declaraciones públicas, limitándose a confirmar su participación en el evento convocado por la embajada nicaragüense.
El papel de la sociedad civil
Organizaciones mexicanas de derechos humanos también han expresado su rechazo, el Centro Prodh, Fundar y Serapaz emitieron un comunicado conjunto en el que instan al Congreso a reconsiderar la instalación del grupo de amistad.
Este tipo de gestos diplomáticos no pueden estar desligados del contexto político. La situación en Nicaragua exige una postura firme en defensa de los derechos humanos, no una legitimación tácita del autoritarismo”, señala el documento.
Además, se ha convocado a una manifestación pacífica frente a la Cámara de Diputados el día del evento, en solidaridad con el pueblo nicaragüense y en repudio a la iniciativa.
La controversia ha llegado a oídos de organismos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el respaldo político que algunos congresistas mexicanos estarían brindando al régimen de Ortega.
En Washington, varios legisladores estadounidenses han cuestionado la postura mexicana, recordando que Nicaragua enfrenta sanciones por parte del Departamento del Tesoro y que su gobierno ha sido señalado por prácticas antidemocráticas.
Analistas internacionales advierten que este tipo de gestos pueden afectar la imagen de México como defensor de los derechos humanos y la democracia en América Latina.
¿Diplomacia o complicidad?
La instalación del grupo de amistad México-Nicaragua plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la diplomacia parlamentaria puede desligarse de la realidad política de los países involucrados?
Para muchos, el gesto representa una forma de complicidad con un régimen que ha sido condenado por múltiples instancias internacionales. Para otros, se trata de una oportunidad para abrir canales de diálogo que eventualmente puedan contribuir a una solución pacífica.
Lo cierto es que la iniciativa ha puesto en evidencia las tensiones internas del Congreso mexicano y ha generado un debate necesario sobre el papel de México en la defensa de los derechos humanos en la región.
La controversia en torno al grupo de amistad México-Nicaragua no es un episodio aislado, refleja las complejidades de la política exterior mexicana, las tensiones entre diplomacia y principios, y la necesidad de una postura clara frente a regímenes que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos.
Mientras los congresistas promotores guardan silencio, el exilio nicaragüense alza la voz con firmeza, y en medio de esta disputa, México se enfrenta al reto de definir qué tipo de liderazgo quiere ejercer en América Latina: uno que privilegie las relaciones institucionales o uno que defienda sin ambigüedades la libertad y la dignidad humana.
