El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional se ha convertido en una herramienta clave para medir cómo los ciudadanos y expertos ven la integridad del sector público. Publicado anualmente, este índice evalúa a 182 países y territorios en una escala de 0 a 100, donde 0 representa una percepción de alta corrupción y 100 indica un entorno muy limpio. Para 2025, el promedio global cayó a 42 puntos, el más bajo en más de una década, reflejando un estancamiento general en la lucha contra este mal. En América Latina, la situación no es alentadora: la región promedia solo 42 puntos, con 12 de 33 países empeorando desde 2012 y solo dos mostrando mejoras significativas. A continuación, exploramos cuáles naciones latinoamericanas se perciben como menos corruptas y cuáles como más, basándonos en los datos del IPC 2025.
Entre los países con menor percepción de corrupción destacan aquellos que han invertido en instituciones sólidas y transparencia. Uruguay lidera la lista con 73 puntos, ocupando el puesto 17 a nivel mundial. Este pequeño país sudamericano ha mantenido su posición gracias a un sistema democrático estable, leyes anticorrupción efectivas y una cultura de cuentas claras que fomenta la rendición de cuentas. Por ejemplo, Uruguay ha implementado reformas en la contratación pública y el control de financiamiento político, lo que ha reducido las oportunidades para el abuso de poder. Sin embargo, incluso aquí, Transparencia Internacional advierte sobre desafíos crecientes, como la influencia del crimen organizado en la violencia urbana, que podría erosionar estos logros si no se aborda con urgencia.
Le sigue Chile, con 63 puntos y el puesto 31 global. Chile se beneficia de un marco legal robusto, incluyendo la Ley de Transparencia y el rol activo del Consejo para la Transparencia, que obliga a las instituciones a divulgar información pública. A pesar de escándalos pasados, como los relacionados con financiamiento irregular de campañas, el país ha avanzado en investigaciones independientes y sanciones. No obstante, expertos señalan que la percepción podría mejorar aún más si se fortalecen los mecanismos contra la corrupción en el sector privado, donde persisten vínculos opacos entre empresas y política. Costa Rica cierra el podio con 56 puntos, en el lugar 46. Conocida por su compromiso ambiental y social, Costa Rica ha potenciado instituciones como la Fiscalía Anticorrupción y programas educativos que promueven la ética pública. Sin embargo, enfrenta presiones similares a Uruguay, con el narcotráfico infiltrando estructuras estatales y generando violencia.
Otros países con puntuaciones relativamente altas incluyen Guyana y Cuba, ambos con 40 puntos. Guyana ha mostrado una mejora notable desde 2012, impulsada por reformas en la gestión de recursos naturales, especialmente tras el boom petrolero, que ha exigido mayor transparencia en contratos. República Dominicana, con 37 puntos, es otro caso de progreso, atribuido a iniciativas gubernamentales como la creación de unidades especializadas en persecución de la corrupción y alianzas con organismos internacionales. Colombia y Argentina siguen con 37 y 36 puntos respectivamente, donde esfuerzos como la Comisión de la Verdad en Colombia o leyes de acceso a la información en Argentina han ayudado, pero persisten problemas como el clientelismo y la impunidad en casos de alto perfil. Brasil, con 35 puntos, ha visto avances gracias a operaciones como Lava Jato, aunque recientes retrocesos en independencia judicial generan preocupación.
En el extremo opuesto, los países con mayor percepción de corrupción enfrentan crisis profundas que van más allá de la economía, afectando derechos humanos y estabilidad. Venezuela ocupa el peor lugar en la región y el tercero mundial, con solo 10 puntos, en el puesto 180. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, la corrupción se ha entrelazado con la represión estatal, el control de instituciones y el desvío de fondos públicos, exacerbado por sanciones internacionales y una crisis humanitaria. Transparencia Internacional destaca cómo la corrupción ha permitido el enriquecimiento ilícito de elites mientras la población sufre escasez. Nicaragua, con 14 puntos y el puesto 175, sufre un deterioro similar bajo Daniel Ortega, donde la cooptación de jueces y la supresión de oposición han creado un entorno de impunidad total. Haití completa el trío con 16 puntos, en el 169, plagado por inestabilidad política, desastres naturales y corrupción en la ayuda internacional, que ha debilitado aún más sus instituciones frágiles.
Países como Honduras (22 puntos), Paraguay (24) y Guatemala (26) también figuran en la zona baja, donde la corrupción facilita la penetración del crimen organizado en política y economía. México, con 27 puntos, se mantiene estancado, afectado por escándalos en contratos públicos y vínculos entre funcionarios y carteles, pese a promesas de reforma. Ecuador (33) y Perú (no detallado en el IPC pero estimado alrededor de 35) enfrentan inestabilidad similar, con presidentes implicados en casos de sobornos.
El IPC 2025 revela un patrón preocupante en América Latina: el estancamiento generalizado, con corrupción alimentando violencia y migración. Solo República Dominicana y Guyana han mejorado significativamente, gracias a reformas específicas y apoyo internacional. Factores como la debilidad judicial, la influencia del narcotráfico y la polarización política explican el retroceso en muchos casos. Por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua, la corrupción es estructural, usada para mantener el poder autoritario, mientras en naciones como Brasil o México, se manifiesta en impunidad para grandes corruptos.
Para revertir esta tendencia, expertos recomiendan fortalecer la independencia judicial, promover transparencia en financiamiento político y fomentar la participación ciudadana. Organizaciones como Transparencia Internacional enfatizan que sin acción decidida, la corrupción seguirá exacerbando desigualdades y erosionando democracias. En un continente rico en recursos, pero desigual, estos rankings no solo miden percepciones, sino que alertan sobre riesgos reales para el futuro.
El IPC 2025 es un llamado a la acción: América Latina necesita reformas urgentes para construir sociedades más justas y prósperas.
