México, 20 de enero de 2026– En medio de tensiones con Estados Unidos por el narcotráfico y el fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones su compromiso inquebrantable con la soberanía nacional. “México es un país libre, independiente y soberano”, ha declarado en conferencias matutinas recientes, enfatizando que cualquier colaboración con Washington debe respetar la territorialidad y las decisiones del pueblo mexicano. Sin embargo, en un contexto donde los cárteles ejercen control efectivo en amplias zonas del país, muchos analistas y ciudadanos se preguntan: ¿qué soberanía se defiende cuando el Estado parece haber cedido terreno al crimen organizado?
Las declaraciones de Sheinbaum llegan en un momento particularmente delicado. Apenas este martes, el gobierno federal trasladó a 37 operadores de alto perfil de organizaciones criminales a Estados Unidos, en lo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, describió como una acción ejecutada “con pleno respeto a la soberanía nacional” y bajo mecanismos de cooperación bilateral, esta es la tercera entrega masiva en poco más de un año, sumando ya 92 reos de “alto impacto” enviados al norte desde 2025.
El traslado se interpreta ampliamente como una respuesta a las presiones del presidente Donald Trump, quien ha calificado a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas” y ha amenazado con acciones unilaterales –incluso militares– en territorio mexicano para “eliminar” el problema del fentanilo. Trump ha dicho abiertamente que “los cárteles controlan México” y que la presidenta Sheinbaum “tiene miedo” de confrontarlos directamente. En llamadas telefónicas y comunicados, la mandataria mexicana ha rechazado cualquier injerencia: “No aceptaremos intervenciones, intromisiones o violaciones a nuestra soberanía”, ha insistido, proponiendo en cambio una “responsabilidad compartida” que incluya atacar el consumo de drogas en EE.UU. y el tráfico de armas desde el norte.
Pero la realidad en el terreno pinta un panorama más complejo y menos halagador para el discurso oficial. En estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y partes de Colima, los cárteles no solo trafican drogas: imponen reglas, cobran “impuestos” a negocios locales, controlan elecciones municipales, extorsionan a agricultores y hasta administran justicia paralela. Informes de organizaciones como el International Crisis Group y analistas independientes describen zonas donde el Estado mexicano ejerce una soberanía nominal, mientras que el poder real reside en grupos como el Cártel de Sinaloa (en plena guerra interna tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada), el Jalisco Nueva Generación o facciones remanentes de los Zetas.
En estas regiones, la violencia no es solo entre rivales: es contra autoridades que intentan recuperar control. Asesinatos de alcaldes, desapariciones de periodistas, masacres en comunidades indígenas y el reclutamiento forzado de jóvenes son cotidianos. Un editorial reciente en El Independiente lo resume crudo: “La soberanía se ha fragmentado; en amplios territorios, gobiernan los narco-políticos o directamente los cárteles”. Críticos del gobierno actual, incluyendo opositores y algunos exfuncionarios de seguridad, argumentan que la estrategia de “abrazos, no balazos” en el sexenio anterior ha permitido esta erosión. “Defender la soberanía no es solo rechazar tropas extranjeras; es garantizar que el Estado mexicano controle su territorio”, señalan voces en redes y columnas periodísticas.
Sheinbaum ha respondido a estas críticas destacando avances: reducción del 40% en homicidios dolosos en algunos periodos, decomisos récord y una disminución del 50% en el tráfico de drogas por ciertos puntos fronterizos. Rechaza categóricamente cualquier participación de la CIA o militares estadounidenses en operativos internos, limitando la cooperación a intercambio de inteligencia y apoyo técnico, aunque ya fuerzas de seguridad y especiales de Estados Unidos están operando en Mexico, una realidad que ella no hace pública, pero no tiene otra opción ante su incapacidad ante grupos criminales.
El escepticismo crece. En foros públicos y comentarios en redes, miles cuestionan: ¿De qué soberanía habla la presidenta cuando en Guerrero o Michoacán los cárteles dictan horarios de toque de queda, deciden quién gana elecciones locales o controlan rutas comerciales enteras? ¿Es soberanía real o solo retórica cuando el gobierno envía capos a EE.UU. para calmar presiones externas, en lugar de desmantelar estructuras internas? La extradición masiva de este martes, aunque presentada como victoria, refuerza la percepción de que México cede ante Washington porque no puede –o no quiere– resolver el problema por sí solo.
El dilema es profundo. Por un lado, una intervención estadounidense –como la que Trump ha insinuado, similar a operaciones en Venezuela– sería una violación flagrante de la soberanía y podría desencadenar una crisis nacionalista masiva. Por otro, la incapacidad del Estado para recuperar territorios perdidos alimenta la narrativa de que México ya ha delegado parte de su control al narco. Analistas como Falko Ernst advierten que “nadie tiene el control firme: ni los cárteles ni el gobierno”. En ese vacío, la violencia persiste y la población sufre.
Mientras Sheinbaum defiende en Palacio Nacional que “la soberanía no está en negociación”, en las calles de Culiacán, Tierra Caliente o la sierra de Chihuahua, muchos mexicanos viven bajo otra realidad: un poder paralelo que impone su ley. La pregunta que resuena no es solo retórica; es existencial para un país que aspira a ser soberano de verdad. ¿Puede México recuperar el control sin ayuda externa, o el discurso de soberanía se convierte en escudo para una debilidad estructural? El tiempo –y los próximos meses de presión bilateral– dirán si las palabras se traducen en hechos, o si la soberanía proclamada sigue siendo más aspiracional que efectiva.
